Uno de los temas centrales del debate de una reforma laboral es el impacto que la estabilidad laboral tiene en la permanencia de los trabajadores. Según datos del Instituto de Previsión Social (IPS), solo el 13,7% de los trabajadores cotizantes logra cumplir 10 años de antigüedad en la misma empresa, lo que les otorgaría la llamada "estabilidad absoluta". Esto significa que el 86,3% de los empleados no llega a ese antigüedad.

El presidente Santiago Peña anunció que, si bien aún no existe un proyecto formal de reforma del Código Laboral, se iniciará el diálogo para estudiar esta problemática y proponer cambios que respondan tanto a las necesidades de los empleados como a las de los empleadores.

Para la Ministra de Trabajo, Mónica Recalde, el proyecto de reforma laboral busca revisar y mejorar los mecanismos que rigen la estabilidad de los empleados en sus puestos de trabajo. ''Este proyecto no pretende suprimir la estabilidad laboral, sino perfeccionarla mediante un consenso entre las centrales obreras, expertos jurídicos y otros sectores implicados. El objetivo principal es encontrar alternativas que eviten la precarización de los derechos laborales y fomentar la continuidad laboral con nuevos incentivos y gradualidad en la estabilidad'', afirmó.

Uno de los puntos más controversiales en el Código Laboral actual es el artículo 94, que establece que los empleados alcanzan estabilidad absoluta después de 10 años de servicio. Alberto Acosta Garbarino, presidente del Banco Familiar, señala que aunque el código tiene aspectos positivos, este artículo en particular genera tensiones en el sector empresarial, ya que limita la capacidad de las empresas para desvincular a empleados que, en algunos casos, podrían haber dejado de ser productivos o representar una carga para la compañía. Este dilema se agrava en situaciones de crisis económica o reducción de ventas, donde las empresas necesitan mayor flexibilidad para ajustar su plantilla.

''Un estudio comparativo realizado por la Universidad Autónoma de Baja California (México) sitúa a Paraguay, junto con Colombia, entre los países con menor flexibilidad laboral en Iberoamérica. Esto se debe, principalmente, a las limitaciones que enfrentan los empleadores para contratar, fijar remuneraciones y, especialmente, rescindir contratos. En este contexto, países como Estados Unidos, Inglaterra y Japón destacan por sus modelos más flexibles, lo que les permite adaptarse mejor a las fluctuaciones económicas. Por otro lado, en países más proteccionistas como México, Brasil y Argentina, la legislación laboral ofrece mayor seguridad a los empleados, pero también impone restricciones significativas a los empleadores, debemos empezar a ver qué podemos copiar de estos países'', afirmó.

Por su parte, Jorge Bernardes, presidente del Club de Ejecutivos, subrayó la importancia de encontrar un equilibrio entre los intereses de los empleados y las necesidades de las empresas. Para Bernardes, la actual normativa no está funcionando, ya que muchas empresas optan por desvincular a los trabajadores antes de que estos alcancen la estabilidad de los 10 años, lo que no solo afecta a los empleados, sino también a la productividad y crecimiento de las empresas.

''Es esencial escuchar a todas las partes implicadas —empleados, empleadores y el gobierno— en este proceso de reforma. Además, Paraguay puede aprender de la experiencia de otros países que han implementado reformas laborales exitosas, adaptando sus modelos a las particularidades del contexto local. No apuntemos a crear la rueda, copiemos un modelo que vaya con nuestras necesidades'', acotó.

La iniciativa del Ejecutivo de revisar el Código Laboral tiene el potencial de impactar de manera significativa en el mercado laboral paraguayo. La Ministra de Trabajo, Mónica Recalde, ha insistido en que el diálogo será inclusivo y se escucharán todas las voces para construir una propuesta que beneficie tanto a trabajadores como a empleadores, garantizando derechos sin comprometer la viabilidad de las empresas.